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El Consejo Interuniversitario Nacional convocó a una nueva marcha federal este 2 de octubre de 2024, Esta decisión se anunció luego de que el presidente Javier Milei confirmara en su cuenta de X que vetaría totalmente la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso.

A comienzos de 1995, varias notas de diarios daban por sentado el pronto arancelamiento de la educación superior. El conflicto contra la LES marcó un hito en la defensa de la Universidad pública y abrió un ciclo de movilización estudiantil que se prolongó por varios años. Si bien la Ley fue aprobada, y hoy sigue vigente, algunos de sus puntos más cuestionados no pudieron implementarse, como el arancel. De hecho, si hoy la universidad sigue siendo gratuita en la Argentina, se debe en gran medida a las manifestaciones estudiantiles de esos años. Es indudable que las movilizaciones estudiantiles contribuyeron a que esa realidad no se concretara y a que hoy la Universidad pública y gratuita siga siendo una conquista popular en la Argentina, algo distinto a lo que ocurre en muchos otros países latinoamericanos.

De qué se trata la ley

La ley busca establecer criterios para el financiamiento de las universidades nacionales. En su primer artículo, la legislación presentada por el bloque de la Unión Cívica Radical planteó declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.

Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año. La norma implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Según lo planteado en el proyecto que fue aprobado, la inyección de fondos se deberá distribuir en función del número de estudiantes que ingresan, los alumnos de cada universidad, las carreras ofrecidas, la cantidad de egresados, los hospitales y escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión que lleven a cabo.

El proyecto también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. La ley de financiamiento universitario prevé la realización de auditorías sobre la ejecución de los fondos universitarios, las que estarán en manos de la Auditoría General de la Nación (AGN).

El dictamen que se puso a consideración encomienda al Poder Ejecutivo Nacional recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período.

Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC.

Los rectores e integrantes del CIN se expresan

“Desde Sarmiento, la columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres; y la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente es un sistema universitario público que es patrimonio y orgullo de toda la sociedad argentina. Lo que está en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso”, reza la proclamación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella, advirtió sobre esto “en las universidades todos los estudiantes tienen un legajo, existen sistemas de gestión en el cual los estudiantes gestionan la información y se puede acceder de forma central y ver quienes están cursando, cuántos alumnos tenemos, se hacen estadísticas. Hace poco los funcionarios dijeron que las universidades no somos eficientes porque tenemos pocos graduados, ahora no tenemos alumnos, no sabemos si tenemos tantos graduados que capaz que sean más que los alumnos (bromeó). Son declaraciones que nos gustarían que se hagan con los sistemas, que abran los sistemas y pongan la información como corresponde ellos son los responsables de producir las estadísticas universitarias”.  

“Desde principio de año marcamos cinco puntos de prioridad para el sistema universitario, el primero son los gastos de funcionamiento, el segundo con el salario docente y no docente, tercero las becas para estudiantes, el cuarto tiene que ver con el presupuesto para ciencia, tecnología, doctorado, extensión y el quinto con las obras universitarias; después de diez meses de discusión y con una marcha en medio conseguimos una actualización a valores de enero de este año de la inflación de este año. Los salarios quedaron muy atrás, incluso detrás del resto de la administración pública nacional y eso significa claramente una prioridad, el resto no se ejecutó. Las becas de los estudiantes empezaron tarde, en mayo, recién ahora en este segundo semestre tiene una actualización del 70% respecto de valores de inicio del año pasado, lo cual no alcanza para un estudiante del interior vivir en la ciudad, justamente estamos hablando de números cuando no ha habido ninguna política que favorezca la inclusión en la universidad, es muy difícil seguir conversando sobre números que realmente nos gustaría poder darlos” expresó Mammarella.

Del mismo modo, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, expresó “No cabe duda que lo que se busca es desviar el eje de la discusión, no atender los problemas que realmente tenemos y que las autoridades conocen. Y además, se inscribe en una campaña sistemática, sostenida, planificada, muy injusta, que intenta todo el tiempo desprestigiar lo que sucede en el sistema universitario y científico, para que ese desprestigio sea el fundamento del ahogo presupuestario, la desjerarquización y el desfinanciamiento del sistema. No es cierto que se inflen alumnos, además constituyen un delito, es muy grave que lo diga el Secretario de Educación, si supiera que eso sucede, tendría que hacer la denuncia. No es cierto que el presupuesto se distribuya en función de la cantidad de alumnos. Es obvio que hay un montón de cosas para mejorar en la Universidad Pública Argentina, pero no tiene que ver precisamente con los temas que está planteando el gobierno, sino con los temas que quiere evitar”.

Y luego agregó “lo que debería tener en cuenta el gobierno es que tiene en sus manos la posibilidad de promulgar una ley que sin comprometer fiscalmente el Estado, afectando sólo el 0,14% del PBI y un 8% del superávit ya generado, puede solucionar el problema presupuestario y salarial y darle a la Universidad Pública Argentina los recursos que necesita para poder funcionar bien”.                    
“Los deseos, las aspiraciones y las luchas de generación tras generación consagradas en derechos, imponen una responsabilidad en el presente para que el futuro sea posible. El compromiso de un país con su sueño de seguir siendo una Nación”. Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

La voz oficial 

El Ministerio de Capital Humano informa que nunca se desfinanció la educación universitaria pública. El compromiso del Gobierno con la universidad pública se ha mantenido firme; simplemente se exigió claridad en la gestión de los recursos que se transfirieron. Desde el ministerio, se han asignado más de 192 mil millones de pesos, cumpliendo con lo acordado para aumentos en gastos de funcionamiento (un incremento del 270%). Asimismo, se han asignado partidas para el funcionamiento de hospitales universitarios y aumentos salariales por encima de las pautas del Estado nacional. La propuesta que se presentará a los gremios el lunes alinea las remuneraciones del sistema universitario con el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Todo lo solicitado fue concedido.