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Amnistía Internacional Argentina advirtió que a cuatro años de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo durante el 2024 hubo un notable “incremento en las denuncias por barreras en el acceso al aborto”.

Según señaló la organización en un comunicado, la cantidad de consultas que recibió por obstáculos en la disponibilidad de esta práctica aumentó un 215% en comparación con el 2023. “No se trata de casos aislados, sino de una tendencia preocupante que refleja el impacto negativo ante el desfinanciamiento de la política pública y la paralización de la compra de insumos esenciales que pone en riesgo la salud de niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar en todo el país”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Esta regresión en términos de cumplimiento de un derecho consagrado por ley se da en un contexto político en el que el presidente Javier Milei se ha manifestado públicamente en contra del aborto legal y al que calificó como un “asesinato agravado por el vínculo” y parte de una “agenda sangrienta”. 

“Estas declaraciones no solo desconocen el marco normativo vigente, sino que desinforman a la población y fomentan el estigma en torno al acceso al aborto. Esto puede generar intimidación y temor tanto en las mujeres y personas con capacidad de gestar, como en los profesionales de la salud que, en cumplimiento de sus obligaciones legales, garantizan esta práctica”, alertó Amnistía.

A raíz de los incumplimientos de la Argentina en el cumplimiento del acceso al aborto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó en noviembre al Estado argentino para que explique “la grave regresión en políticas de género y en materia de derechos sexuales y reproductivos”. La audiencia fue solicitada por Amnistía Internacional junto a otras organizaciones de la sociedad civil con el fin de exponer el “retroceso en materia de derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en Argentina”.  

De acuerdo a la información proporcionada por Amnistía, 245.015 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud entre 2021 y octubre de 2023, logrando una reducción del 53% en las muertes por aborto entre 2020 y 2022. Estos avances -advierte la ONG- están actualmente en peligro ya que el gobierno no pone énfasis en la necesidad de darle continuidad a una política pública que dio resultados concretos.

Fuente: Noticias Argentinas.